Las comunidades energéticas son ya un clamor entre una parte de la ciudadanía, y cada vez más un motivo de consenso entre partidos de diferentes colores. Pero conviene desgranar qué propósito público cumplen, y los diferentes caminos que se están poniendo en marcha. A pesar de la ausencia de visión pública para las comunidades energéticas en algunos lugares, se abren caminos que orientan estas iniciativas a fortalecer el pequeño comercio, enriquecer la sociabilidad en los barrios o reducir la pobreza energética, entre otros.
La transición energética, justa y ecológica, es viable con proyectos capaces de aglutinar una participación amplia y de dar respuesta a las necesidades de una población diversa y compleja.
Desde Europa, se reitera la necesidad de “empoderar a la ciudadanía”, a través de comunidades energéticas donde puedan aprender sobre energía y cambio climático, tener control sobre su producción y consumo, y ser un interlocutor más en el sistema energético. Sin embargo, necesitamos una reflexión profunda sobre cómo empoderar al estado, que es importante para una ciudadanía cada vez más atomizada, en cierta medida confundida con los discursos tecnocráticos del cambio climático, y que además tiene una capacidad limitada de inversión en la infraestructura de producción energética.
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