El Gobierno diseñó en los albores de la pasada legislatura un nuevo tipo de subastas para impulsar el despliegue de las renovables. El Ejecutivo se comprometió a lanzar ‘macropujas’ para garantizar la retribución de nuevas plantas verdes, fijando los volúmenes mínimos de cada año y con un calendario programado hasta 2025. La crisis energética con sus récords de precios, primero, y el parón político por el adelanto electoral, después, han hecho que ese calendario no se cumpla y que el año pasado no se celebrara ninguna subasta.
Las patronales de las eólicas y de las fotovoltaicas reclaman la reactivación de las pujas y que se suban los topes de precios para evitar que queden desiertas como la última en 2022.
Las asociaciones empresariales del sector renovable meten presión ahora al Gobierno para que reactive la convocatoria de las subastas cuanto antes y reclaman que la próxima puja se celebre ya en el primer trimestre de 2024 y que a lo largo de próximo año se celebre una segunda subasta. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, encargado de organizar estos procesos, se elude confirmar la fecha para próximas pujas y se condicionan a tener una “mayor visibilidad” sobre la evolución de los precios de los mercados eléctricos y sobre los avances en el proceso de tramitación administrativa de cientos de plantas renovables.
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