Un interesante artículo y una denuncia sobre la gestión del agua desde la perspectiva del mundo actual, materialista, que concibe y trata al agua como un simple recurso material, como una cosa que existe para nuestro aprovechamiento. Una manera de entender nuestra relación con la Tierra que OIKOSFERA no comparte, pues defendemos aquella visión de nuestros antepasados a la que nos hemos referido otras muchas veces, que suena así:
“Hubo un tiempo en que la Humanidad percibía a la Naturaleza y todo cuanto en ella existe, y por lo tanto también al agua, como formando parte de sí, unidos e inseparables como un hijo lo es de su madre…, siendo ésta “Fuente de Vida” en permanente ofrecimiento, la que nutre, conserva, transforma e impulsa”
En Oikosfera, este es el espíritu que nos anima.
Juan Enrique Gómez
Imagínese un enorme cubo cuyo suelo, y cada una de sus cuatro paredes, es del tamaño de un campo de fútbol de los grandes. Llénelo de agua. Necesitará un hectómetro cúbico, o lo que es lo mismo: mil millones de litros. Casi 9.000 cubos de ese calibre es lo que el río Ebro vierte cada año al mar. Si restamos el caudal que llamamos ecológico, es decir el que el río necesita para mantener sus ecosistemas, riberas y el propio delta litoral, aún quedan casi 6.000 de esos cubos que realmente se suman a las aguas del Mediterráneo. Lo que ocurre en el Ebro se puede extrapolar a la totalidad de la cuenca peninsular, cada una en proporción a sus caudales. Las cifras no dan lugar a dudas y ponen sobre la mesa que con una gestión hidrológica racional, basada en la ciencia y no en conceptos y presiones ideológicas y partidistas, las necesidades de abastecimiento de agua, tanto humana como para la agricultura, industria y el equilibrio ecosistémico, estarían cubiertas con creces.
El agua es un bien que pertenece a todos, el acceso al agua es uno de los derechos fundamentales de las personas reconocidos por la ONU, pero en la práctica todos los actores implicados en su gestión encuentran argumentos (aparentemente sólidos y perfectamente aderezados para la audiencia a la que se dirigen) con los que afirmar que el agua es más de unos que de otros, según el territorio donde te encuentres y dependiendo siempre de los intereses concretos de quien tiene la potestad de abrir o cerrar el grifo, e incluso es utilizada como moneda de cambio para conseguir los apoyos necesarios para tal o cual política y siempre bajo el discurso de la sostenibilidad.
El nuevo recorte que el gobierno de España ha decretado sobre el trasvase Tajo-Segura, no hace más que poner de manifiesto, una vez más, que la gestión del agua responde a intereses que nada tienen que ver con los usuarios finales y se priman conceptos ideológicos y políticos por encima de la realidad de los territorios a los que tendría que abastecer. La modificación del Plan Hidrológico Nacional, aprobada por el Consejo de Ministros, reduce el caudal desde la cabecera del Tajo hacia Alicante, Murcia y Almería, entre 70 y 110 hectómetros cúbicos (o cubos como campos de fútbol), una cantidad que se supone es el caudal ecológico que el río necesita para su sostenibilidad y, por ello, seguirá su camino hasta llegar al océano Atlántico, en la ciudad de Lisboa, más allá de nuestras fronteras, dejando atrás los acueductos y canalizaciones que la llevarían a unirse al río Mundo y al Segura y regar las tierras del este y sureste ibérico, donde más de 12.500 hectáreas de regadío y 15.000 empleos dependen del agua que ya no correrá por las infraestructuras de un trasvase polémico desde su inauguración en 1979, con el gobierno de Adolfo Suárez y Garrigues Walker como ministro de Fomento. Una infraestructura que ha estado siempre en el punto de mira de las críticas de sectores de la izquierda por llevarse el agua de Aragón a tierras del sureste y el argumento de una inconsistente amenaza de desabastecimiento, en caso grave de sequía, de los territorios de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, bañados por el Tajo de forma natural. El presidente Zapatero, a través de su ministra, Cristina Narbona (hoy presidenta del PSOE), paralizó el trasvase del Ebro y redujo el del Tajo. Ahora, el gobierno de Pedro Sánchez, vuelve a girar el grifo para reducir el caudal y se acoge a decisiones obligadas por la UE y echa por tierra los acuerdos entre comunidades y afectados tomados con Rajoy en 2013. El Gobierno indica que es imprescindible dejar en el Tajo el caudal ecológico, pero sin contar con que esa reducción, que no merma significativamente el caudal del río, condena a la desaparición y la ruina a territorios considerados clave en el desarrollo agrícola y turístico del sureste español, gran parte de los regadíos que abastecen de alimento a Europa.
Quienes conocen la historia del trasvase Tajo-Segura, se preguntan si el origen de la ofensiva contra el trasvase no estará en un intento ideológico de revertir los efectos de una orden del gobierno franquista por la que se permitía la creación de 12.500 hectáreas de nuevos regadíos en zonas de Murcia y Almería, las mismas tierras que en la actualidad, según los agricultores, se quedarán sin agua.
En este país la gestión ambiental y en particular la del agua ha de ser ratificada por el llamado Consejo Nacional del Agua, un organismo en el que el gobierno posee representación mayoritaria y que, de forma inmediata, ha ratificado la propuesta de la ministra de Transición Ecológica en relación con el trasvase. ¿Quién defiende los intereses de los regantes y usuarios del agua? En la teoría, todos los representantes políticos, que para eso están, pero en la práctica la respuesta es, nadie.
Nuestros gobernantes afirman que no importa que, cada año, dejen de llegar un centenar de hectómetros cúbicos a las tierras del sureste, ya que hay soluciones alternativas: recoger agua del mar y tratarla en desaladoras para su posterior uso agrícola y humano. Una tarea imposible por el insuficiente número de plantas de este tipo y por el alto coste de los tratamientos, que encarecería el metro cúbico de agua de tal forma que afectaría a los precios de toda la cadena de producción agrícola. Curiosamente, el Ministerio de Transición Ecológica, en aras de la sostenibilidad, quiere que se ponga en marcha un sistema que necesita de un enorme consumo energético para su funcionamiento y provoca un fuerte impacto en los ecosistemas marinos de su entorno.
Ante el gran cúmulo de despropósitos y la manipulación partidista de un bien fundamental, es necesario apostar por una gestión única del agua, donde primen criterios de sostenibilidad y equilibrio a la hora de cubrir nuestras necesidades. No importa que un río nazca en Aragón para poder llevar agua a Andalucía, que la cuenca del Guadalquivir pueda dar agua a Castilla o que pequeños ríos provinciales alimenten cuencas deficitarias de territorios vecinos, como realmente ya se hace con una treintena de trasvases que funcionan en España y que son gestionados por equipos técnicos de las diferentes confederaciones hidrográficas.
En tiempos en los que la sequía se contabiliza por años, en los que el desierto avanza desde el sur, cuando la alteración del clima afecta a todo el planeta, hay que tomar soluciones globales, con amplitud de miras, con generosidad y solidaridad, pero sobre todo alejadas de sectarismos excluyentes.
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